Cornelio Cajas
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Durante las dos últimas décadas, se ha generado un amplio consenso respecto a la importancia e incidencia directa que tiene para la salud de las personas y para el mejoramiento de su calidad de vida, una adecuada provisión y prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
“Las inversiones realizadas en los países en desarrollo, que durante la década del agua (1981-1990) fueron entre USD $ 9 y USD $ 10 billones por año (Banco Mundial 1990, citado en Alaerts y Hartvelt, 1996), posibilitaron que cerca de 1.350 millones de personas fueran provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con sistemas de saneamiento.
Sin embargo, a pesar de este progreso sin precedentes, aproximadamente 1.600 millones de personas aún necesitan del servicio de suministro de agua, y 2.600 millones requieren del servicio de saneamiento. Esta falta de los servicios básicos afecta especialmente a las poblaciones más pobres (Najlis, 1996 citado por Gobierno Nacional de Colombia, 1998).
La situación es más grave aún de las poblaciones que tienen acceso a los servicios de agua y saneamiento, no todas gozan de un adecuado servicio en lo referente a cantidad, calidad y continuidad.
Factores como el cobro inadecuado de tarifas y la deficiente administración y gestión, han provocado que no se puedan cubrir los gastos de administración, operación, mantenimiento y capitalización de los sistemas, lo que ha degenerado en una deficiente prestación de los servicios y provocado, en algunos de los casos, el abandono e inutilización de las infraestructuras implementadas, con la consiguiente pérdida de las inversiones y esfuerzos realizados.
La continuidad de los procesos administrativos y de gestión en las comunidades se ven afectados por algunos factores. Entre otros, podríamos mencionar los siguientes:
• Existe un marco legal inapropiado que no se ajusta a las realidades nacionales y locales que vive el sector de agua y saneamiento.
• Programas insuficientes de seguimiento y acompañamiento a las Juntas Administradoras de Agua, por la debilidad y limitada capacidad técnica, administrativa y financiera de las instituciones estatales, responsables de regular, vigilar y controlar la prestación de los servicios de agua y saneamiento continuo de capacitación en áreas de operación, mantenimiento y administración de los sistemas.
Pero, las mayores limitaciones han estado más bien en los enfoques Metodológicos utilizados en la implementación de los sistemas.
Cualquier información adicional, favor envíenos un correo a sicam@camaren.org.
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